La rendición de cuentas públicas en Chile entra en una etapa más exigente. La Resolución N° 30 de 2015 ya había significado un avance relevante al uniformar procedimientos, ordenar la documentación del expediente, regular soportes de rendición, establecer responsabilidades y definir reglas para transferencias a organismos públicos y entidades privadas. Sin embargo, el nuevo régimen contenido en la Resolución N° 2 de 2026 profundiza esa lógica y desplaza el centro de gravedad desde la mera presentación documental hacia un sistema más integral de evidencia, trazabilidad, control interno y responsabilidad institucional.
La Resolución N° 2 no crea desde cero el deber de rendir. Lo que sí hace la nueva normativa es elevar el estándar: define atributos de una rendición válida, regula con mayor precisión a los intervinientes, exige rendición financiera y de ejecución de actividades, establece contenido mínimo para los convenios, fija un procedimiento de revisión con plazos, incorpora el control interno al proceso y consolida el uso de SISREC como regla general para transferencias imputadas a los subtítulos 24 y 33.
Este artículo sostiene que el cambio normativo debe entenderse como un cambio de paradigma: desde una rendición centrada en informes y comprobantes, hacia una rendición entendida como expediente verificable, trazabilidad institucional, revisión sustantiva y aprendizaje organizacional.
1. Por qué el cambio normativo importa
En la administración pública chilena, los cambios normativos vinculados a rendición de cuentas suelen ser tratados como ajustes de procedimiento. Se revisan los nuevos plazos, se actualizan instructivos, se capacita a algunos funcionarios, se adaptan formularios y se modifica la nomenclatura interna. Todo eso es necesario, pero claramente insuficiente.
La entrada en vigencia de la Resolución N° 2 de 2026 debe ser comprendida en una dimensión más amplia. No estamos frente a una modificación meramente formal, sino ante una regulación que intenta responder a un problema estructural: la dificultad de muchas instituciones para demostrar, de manera oportuna, coherente y verificable, la correcta inversión de los recursos públicos transferidos.
Durante años, una parte importante de la cultura administrativa en materia de rendición se apoyó en una lógica relativamente simple: recibir recursos, ejecutar, reunir documentos, presentar informes, responder observaciones y cerrar. Esa lógica funcionó en algunos casos, pero mostró limitaciones severas cuando aumentó la escala de las transferencias, se multiplicaron los convenios, crecieron las exigencias de transparencia y se hizo más evidente la necesidad de controlar no solo el gasto, sino también la ejecución sustantiva de las actividades financiadas.
El nuevo estándar exige algo más. Exige que las instituciones puedan demostrar la trazabilidad completa del recurso público: quién transfirió, quién recibió, con qué acto administrativo, para qué objetivo, bajo qué actividades, con qué presupuesto, qué gasto se realizó, cuándo se pagó, qué evidencia lo respalda, qué actividad se ejecutó, qué producto se obtuvo, quién revisó, qué observaciones formuló, cómo se subsanaron y qué cierre tuvo el proceso.
2. La Resolución N° 30 de 2015: un régimen que ya contenía bases relevantes
Una lectura rigurosa debe evitar una caricatura del régimen anterior. La Resolución N° 30 de 2015 no era una norma débil ni irrelevante. Por el contrario, representó un esfuerzo importante por ordenar el procedimiento de rendición de cuentas de fondos públicos y uniformar prácticas que históricamente habían sido heterogéneas.
Entre sus elementos centrales establecía que toda rendición debía estar constituida por informes, comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, registros y documentación auténtica. También regulaba la documentación de cuentas, soportes, custodia documental, rendición de organismos públicos ante Contraloría, transferencias a servicios públicos y a entidades privadas, y la obligación de restituir recursos no rendidos, observados o no ejecutados.
La Resolución N° 30 contenía, además, ideas que siguen siendo plenamente relevantes: la cuenta debía comprender la totalidad de las operaciones del período; los desembolsos debían efectuarse con posterioridad a la total tramitación del acto administrativo que ordenaba la transferencia; la periodicidad mensual ya era exigida; y la restitución ya era una consecuencia establecida.
Sin embargo, el régimen de 2015 no alcanzaba a configurar con la misma densidad un modelo integral de gestión de rendiciones. No desarrollaba expresamente un catálogo de atributos de la rendición, no incorporaba con la misma fuerza el control interno como eje del proceso, no sistematizaba de igual modo los roles de los intervinientes y no consolidaba SISREC como regla operativa general.
3. La Resolución N° 2 de 2026: más que una actualización procedimental
La Resolución N° 2 de 2026 fija nuevas normas de procedimiento sobre rendición de cuentas y comienza a regir el 1 de julio de 2026. Desde esa fecha deroga la Resolución N° 30 de 2015. Sin embargo, establece una regla de transición relevante: las transferencias efectuadas con anterioridad a esa fecha continúan rigiéndose por la normativa vigente a la época de la dictación del acto que autorizó su traspaso. Durante un tiempo coexistirán expedientes sujetos a la Resolución N° 30 y expedientes sujetos a la Resolución N° 2.
La nueva resolución mantiene elementos del régimen anterior, pero introduce innovaciones sustantivas:
- Definición reforzada de rendición de cuentas
- Noción de expediente como serie ordenada de documentos
- Atributos de la rendición (7 criterios)
- Control interno explícito en el proceso
- Probidad en el proceso de rendición
- Distinción entre 5 intervinientes
- Informes financieros y de ejecución de actividades
- Procedimiento de revisión con plazos (60/20/20)
- Contenido mínimo obligatorio de convenios
- Uso general de SISREC para subtítulos 24 y 33
- Regulación de rendición fuera de SISREC
- Prohibición de fraccionamiento
- Régimen de aplicación progresiva de plazos
Lo relevante es que estos elementos no deben analizarse aisladamente. Su sentido conjunto apunta a un objetivo: transformar la rendición en un sistema de evidencia y control institucional.
4. Continuidades: lo que la nueva resolución conserva
No todo cambia. Una parte importante de la Resolución N° 2 continúa la matriz de la Resolución N° 30. Estas continuidades son importantes porque permiten entender que la Resolución N° 2 no borra el régimen anterior — lo desarrolla, lo densifica y lo proyecta hacia un sistema más exigente.
4.1. Continúa el deber de acreditar ingresos, egresos y traspasos
La rendición sigue siendo el procedimiento mediante el cual se documentan e informan operaciones vinculadas al uso de fondos públicos. En ambos regímenes, la cuenta no se satisface con una declaración genérica. Debe existir documentación que permita acreditar ingresos, egresos y traspasos.
4.2. Continúa la noción de expediente
La Resolución N° 30 ya incorporaba la idea de expediente de rendición. La Resolución N° 2 mantiene ese concepto y lo refuerza: el expediente sigue siendo una serie ordenada de documentos que acredita las operaciones informadas. La diferencia está en la densidad que la nueva resolución otorga a la trazabilidad, la revisión y el control.
4.3. Continúa la exigencia de documentación auténtica
Ambas normas reconocen la importancia de la autenticidad documental. La rendición debe sustentarse en documentos originales, electrónicos, digitales o copias autorizadas cuando corresponda. La existencia de respaldo no es suficiente si ese respaldo no tiene valor probatorio adecuado.
4.4. Continúa la responsabilidad de jefaturas y funcionarios
Los jefes de servicio, jefaturas intermedias y funcionarios que administran, autorizan, gastan, revisan o rinden fondos públicos mantienen deberes relevantes en la materia. La Resolución N° 2 formula esta responsabilidad con mayor precisión y amplitud.
4.5. Continúa la obligación de restituir
Tanto el régimen anterior como el nuevo contemplan consecuencias frente a cuentas no rendidas, no aprobadas, observadas o con recursos no ejecutados. La restitución no es una figura excepcional ni meramente sancionatoria. Es una consecuencia propia de la falta de acreditación suficiente del correcto uso de los recursos.
4.6. Continúa la regla de oportunidad del gasto
La exigencia de que los gastos se ejecuten conforme al período y condiciones aprobadas sigue siendo un eje de control. No basta que el documento sea verdadero; debe corresponder a una operación admisible en el tiempo.
5. Rupturas e innovaciones: dónde está el verdadero cambio
5.1. La rendición pasa a evaluarse por atributos
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de atributos de la rendición. La nueva resolución establece que, en el proceso de rendición y revisión, deben realizarse las acciones necesarias para que la cuenta sea íntegra, fidedigna, oportuna, coherente, acreditada, proporcional y auténtica.
Esto es metodológicamente decisivo. La revisión deja de centrarse solo en la presencia o ausencia de documentos y pasa a incorporar criterios de calidad probatoria. Ya no basta preguntar "¿Está el documento?". La pregunta correcta será: "¿El documento, junto con el resto del expediente, permite acreditar de manera íntegra, fidedigna, oportuna, coherente, proporcional y auténtica la correcta inversión de los recursos?"
5.2. El control interno entra al centro del proceso
La Resolución N° 2 incorpora expresamente el control interno en el proceso de rendición y su revisión. El control interno no puede entenderse como una revisión posterior de documentos ni como una tarea exclusiva de auditoría. Es un proceso integral que debe permitir enfrentar riesgos y otorgar seguridad razonable respecto del cumplimiento de los objetivos institucionales. Aplicado a rendiciones, implica planificación conjunta, comunicación entre otorgante y receptor, supervisión de actividades, asignación clara de roles, control de plazos, verificación documental, revisión técnica, gestión de observaciones, seguimiento de saldos, exigencia de restituciones y mejora de procedimientos.
5.3. Se precisan los intervinientes
La Resolución N° 2 distingue con mayor claridad entre otorgante, receptor, ejecutor, intermediario y beneficiario final. Esta clasificación permite ordenar responsabilidades en cadenas de transferencia cada vez más complejas. La nueva norma obliga a que la institución se pregunte: ¿quién transfiere?, ¿quién recibe?, ¿quién ejecuta?, ¿quién custodia documentación?, ¿quién debe rendir?, ¿quién revisa?, ¿quién responde observaciones?, ¿quién restituye? Esta delimitación es esencial para evitar zonas grises de responsabilidad.
5.4. La rendición financiera se vincula con la ejecución de actividades
La cuenta debe comprender no solo el detalle de recursos recibidos, invertidos y disponibles, sino también el nivel de ejecución de las actividades. Una factura puede demostrar la adquisición de un bien, pero no necesariamente que ese bien fue usado conforme al proyecto. Por eso, el informe de ejecución de actividades pasa a ser fundamental.
5.5. El convenio adquiere contenido mínimo reforzado
La Resolución N° 2 establece un contenido mínimo obligatorio que debe considerar, entre otros elementos: procedimiento de rendición, objeto de la transferencia, actividades específicas, conceptos de gasto, uso de SISREC o sistema homologado, acreditación de rendiciones previas, cláusula de restitución, hitos, plazos de ejecución y vigencia, e imputación presupuestaria. El convenio ya no puede ser tratado como una pieza formal previa a la transferencia. Es la primera línea de control del sistema.
5.6. Se consolida SISREC como regla general para subtítulos 24 y 33
La Resolución N° 2 consolida el uso obligatorio de SISREC para la rendición financiera y de ejecución de actividades respecto de recursos imputados a los subtítulos 24, Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital. SISREC no es simplemente una plataforma para subir archivos. Es una infraestructura de trazabilidad que permite ordenar flujos, registrar estados, controlar rendiciones, gestionar observaciones y facilitar la fiscalización.
5.7. Se formaliza un procedimiento de revisión con plazos
El régimen pleno considera 60 días hábiles para la revisión inicial del otorgante, 20 días hábiles para la respuesta o subsanación del receptor y 20 días hábiles para el pronunciamiento definitivo del otorgante. La norma contempla una aplicación progresiva: durante 2027 los plazos serán 80/40/40; durante 2028, 70/30/30; y desde 2029 entrará a regir plenamente el esquema 60/20/20. Esta gradualidad no debe inducir a pasividad.
6. Matriz comparativa: Resolución N° 30 versus Resolución N° 2
La infografía de esta serie sintetiza visualmente el tránsito normativo. La tabla comparativa a continuación identifica los elementos centrales de cambio:
De la Resolución N° 30 a la Resolución N° 2: El Nuevo Paradigma de la Rendición de Cuentas en Chile
| Dimensión | Resolución N° 30 · 2015 | Resolución N° 2 · 2026 |
|---|---|---|
| Control Interno | Implícito en deberes de custodia | Incorporado expresamente al proceso de rendición y revisión |
| Rendición Técnica | Informes de avance opcionales | Rendición de actividades obligatoria mensual |
| Sistema Digital | Herramienta disponible o autorizada | Regla general para subtítulos 24 y 33 |
| Atributos | No sistematizados | 7 atributos obligatorios de revisión: íntegra, fidedigna, oportuna, coherente, acreditada, proporcional, auténtica |
| Plazos de Revisión | No estructurados uniformemente | Procedimiento formal reglado 60/20/20 (con gradualidad hasta 2029) |
| Intervinientes | Otorgante y receptor principalmente | Otorgante, receptor, ejecutor, intermediario y beneficiario final |
| Convenio | Sin contenido mínimo sistematizado | Contenido mínimo obligatorio definido por la norma |
Comparación central entre los dos regímenes normativos de rendición de cuentas en Chile.
7. Implicancias para organismos públicos otorgantes
El principal cambio práctico para los organismos otorgantes es que ya no basta con transferir recursos y esperar rendiciones. Deben asumir una función activa de control desde el diseño del instrumento hasta el cierre.
7.1. Diseñar convenios controlables
El convenio debe permitir revisar. Para eso, debe definir objeto, actividades, gastos financiables, plazos, hitos, medios de verificación, sistema de rendición y cláusulas de restitución. Un convenio genérico puede ser cómodo al inicio, pero se vuelve problemático al momento de rendir, observar o exigir reintegro.
7.2. Verificar rendiciones previas
Antes de entregar nuevos recursos, el otorgante debe revisar si existen rendiciones exigibles no presentadas. Este control previo al giro debe incorporarse como una ficha de habilitación institucional.
7.3. Revisar financieramente y técnicamente
La revisión no puede agotarse en la validación de documentos financieros. Debe existir revisión técnica de actividades, productos, beneficiarios, avances y cumplimiento del objeto. Lo financiero y lo técnico deben dialogar.
7.4. Gestionar observaciones con precisión
Las observaciones deben ser fundadas, específicas y trazables. Una observación genérica debilita el proceso porque dificulta la subsanación. La matriz de observaciones debe indicar documento observado, norma o cláusula aplicable, fundamento, acción requerida, plazo y estado.
7.5. Controlar restituciones y cierres
Si existen recursos no ejecutados, no rendidos, rechazados u observados sin subsanación suficiente, debe activarse el procedimiento de restitución. La restitución requiere cuantificación, comunicación, seguimiento y registro de ingreso. El otorgante deja de ser un simple financiador y se convierte en responsable de un sistema de control sobre recursos transferidos.
8. Implicancias para entidades receptoras y ejecutoras
La entidad receptora también enfrenta un estándar más exigente. Recibir recursos públicos implica asumir una carga de acreditación permanente. El receptor no debe preparar la rendición al final del mes como una reconstrucción apresurada de documentos. Debe mantener un expediente vivo durante toda la ejecución.
8.1. Preparación documental desde el primer día
La evidencia debe generarse mientras la actividad ocurre. Las nóminas, fotografías, actas, certificados, informes, productos y respaldos no deben buscarse tardíamente. Cuando se reconstruye la evidencia después, aumenta el riesgo de errores, omisiones o incoherencias.
8.2. Control de pertinencia del gasto
El receptor debe verificar que cada gasto esté permitido por el convenio y se vincule con una actividad aprobada. Un gasto real puede ser improcedente si no tiene relación con el objeto financiado.
8.3. Coherencia entre informe financiero e informe de ejecución
El informe financiero no puede caminar por una vía y el informe técnico por otra. Ambos deben narrar el mismo proceso desde perspectivas distintas. El gasto debe tener una actividad asociada; la actividad debe tener respaldo; el respaldo debe demostrar cumplimiento.
8.4. Rendición incluso sin movimiento
El nuevo estándar refuerza la obligación de informar incluso cuando no hubo inversión de fondos o ejecución de actividades en el mes. La ausencia de gasto no equivale a ausencia de rendición.
8.5. Respuesta fundada a observaciones
Cuando el otorgante observa, la respuesta debe abordar cada reparo de manera directa. No basta agregar documentos sin explicar su pertinencia. La subsanación debe cerrar la brecha observada. En síntesis, el receptor debe pasar desde una lógica de cumplimiento documental hacia una lógica de gestión probatoria.
9. El convenio como punto crítico del nuevo régimen
Una de las principales consecuencias de la Resolución N° 2 es que desplaza parte del control hacia el momento previo a la transferencia. Un convenio técnicamente robusto debe responder con precisión: qué se financia, por qué se financia, qué actividades se ejecutarán, qué gastos son admisibles, cuál es el plazo, qué informes deben presentarse, qué sistema se usará, qué hitos condicionan nuevas remesas, qué documentos acreditarán ejecución, qué ocurre con los saldos y quiénes son responsables.
La debilidad del convenio suele trasladarse a la rendición. Si el objeto es amplio, la pertinencia del gasto será discutible. Si los conceptos de gasto son imprecisos, la revisión será heterogénea. Si no hay hitos, será difícil medir avance. Si no hay medios de verificación, la ejecución técnica quedará mal acreditada. Por eso, el nuevo régimen obliga a cambiar una práctica frecuente: dejar el control para el final. El control debe comenzar en el diseño.
10. SISREC y el riesgo de digitalizar el desorden
SISREC no debe entenderse como un simple repositorio de archivos. Es una plataforma que estructura flujos, identifica roles, registra estados y deja trazabilidad del proceso. Pero la plataforma tiene un límite evidente: no sustituye la capacidad institucional.
Digitalizar un proceso débil no lo convierte automáticamente en robusto. Un expediente digital puede ser tan deficiente como una carpeta física si carece de orden, pertinencia, autenticidad y coherencia. La implementación de SISREC debe acompañarse de un manual interno, matriz de roles, tablero de vencimientos, checklist de convenio, pauta de revisión financiera y técnica, matriz gasto-actividad-evidencia, matriz de observaciones, registro de restituciones e informe de cierre y aprendizaje.
11. Los plazos como disciplina institucional
El nuevo régimen incorpora un procedimiento de revisión que exige disciplina temporal. Esta disciplina no recae solo en el receptor que debe rendir. También recae en el otorgante que debe revisar. Una rendición presentada pero no revisada no cierra el riesgo. Una observación formulada tardíamente puede dificultar la subsanación.
Por eso, el nuevo esquema de plazos debe traducirse en herramientas internas: calendario mensual de rendiciones, alertas de vencimiento, asignación de analistas, priorización por riesgo, control de rendiciones sin movimiento, registro de observaciones, seguimiento de subsanaciones, reporte de cuentas pendientes y tablero ejecutivo para jefaturas. La pregunta que deben hacerse los organismos públicos no es solo si los receptores están rindiendo. También deben preguntarse si el otorgante tiene capacidad efectiva para revisar lo que recibe.
12. La matriz de riesgos del tránsito normativo
La implementación de la Resolución N° 2 producirá riesgos de transición que deben ser anticipados. El tránsito normativo debe gestionarse como proyecto institucional — no basta con emitir una circular informativa.
| Riesgo de transición | Descripción | Medida recomendada |
|---|---|---|
| Digitalizar el desorden | Migrar a SISREC sin rediseñar procesos internos. La plataforma visibiliza la debilidad sin resolverla. | Instalar manuals, roles y pautas antes o simultáneamente a la adopción de SISREC. |
| Doble régimen normativo | Transferencias previas al 1/7/2026 se rigen por Res. N° 30; las posteriores por Res. N° 2. Confusión en la aplicación. | Distinguir fechas de transferencia y aplicar normativa correspondiente en cada expediente. |
| Convenios en tránsito | Convenios vigentes firmados bajo el régimen anterior carecen de los contenidos mínimos que exige la Res. N° 2. | Evaluar adendas o mejoras para los convenios de mayor riesgo o envergadura. |
| Pasividad por gradualidad | Interpretar la aplicación progresiva de plazos como una autorización para retrasar la implementación. | Usar el período de transición para instalar capacidades, no para postergar el cambio. |
| Falta de revisión técnica | Organismos que solo validan documentos financieros sin evaluar ejecución de actividades. | Crear unidades o funciones de revisión técnica independiente a la revisión financiera. |
Principales riesgos del período de transición normativa y medidas recomendadas.
13. Del procedimiento al sistema: lectura estratégica del cambio
La Resolución N° 30 podía ser implementada, en muchos casos, desde una lógica procedimental: reunir documentos, preparar informes, revisar antecedentes, custodiar respaldos. La Resolución N° 2 exige una lógica sistémica: roles, flujos, expedientes, atributos, SISREC, control interno, plazos, observaciones, restituciones y aprendizaje.
La rendición debe integrarse al ciclo completo de gestión pública: antes de transferir, verificar el convenio y la habilitación del receptor; durante la ejecución, registrar actividades y respaldos; al rendir, integrar información financiera y técnica; al revisar, aplicar criterios de pertinencia, oportunidad, coherencia y autenticidad; al observar, fundar; al subsanar, responder; al cerrar, liquidar saldos; después del cierre, aprender. Ese encadenamiento es el verdadero nuevo paradigma: no solo cambió la norma — debe cambiar la institución.
14. Implicancias para municipalidades, gobiernos regionales y servicios públicos
14.1. Municipalidades
En el ámbito municipal, el desafío será articular unidades que habitualmente operan fragmentadas: administración y finanzas, control, jurídico, SECPLAN, DIDECO, unidades ejecutoras y direcciones técnicas. Si la rendición queda alojada solo en finanzas, se corre el riesgo de aprobar documentos financieros sin suficiente evidencia técnica. Las municipalidades deberán fortalecer sus procedimientos internos especialmente en subvenciones, transferencias, convenios con organizaciones comunitarias y programas sociales.
14.2. Gobiernos regionales
Los gobiernos regionales enfrentan un desafío significativo por el volumen y diversidad de transferencias. La experiencia reciente ha demostrado la importancia de convenios robustos, control de hitos, garantías, revisión de saldos y trazabilidad de entidades privadas receptoras. El nuevo estándar exige consolidar unidades de seguimiento, revisión técnica, análisis financiero y gestión de riesgos.
14.3. Servicios públicos sectoriales
Los servicios públicos deberán actualizar instructivos, modelos de convenio, formatos de informe, sistemas de monitoreo y procesos de revisión. Especialmente en programas con transferencias masivas, la estandarización documental será clave para evitar acumulación de observaciones.
14.4. Entidades privadas receptoras
Fundaciones, corporaciones, universidades y organizaciones comunitarias que reciban fondos públicos deberán profesionalizar sus sistemas internos de rendición. La lógica artesanal de rendir con documentos reunidos al cierre será cada vez menos sostenible frente al nuevo estándar.
15. Herramientas mínimas para implementar el nuevo régimen
A partir del tránsito normativo, toda institución que transfiere o recibe recursos públicos debería contar con los siguientes instrumentos. Estas herramientas no son accesorios — son condiciones prácticas para que el nuevo régimen no quede reducido a cumplimiento formal.
16. Conclusión: la Resolución N° 2 como estándar de capacidad institucional
El tránsito desde la Resolución N° 30 a la Resolución N° 2 debe entenderse como una evolución del sistema de rendición de cuentas públicas en Chile. La primera ordenó el procedimiento y estableció reglas generales relevantes. La segunda eleva el estándar y obliga a integrar rendición, expediente, control interno, SISREC, revisión sustantiva, responsabilidad institucional y aprendizaje.
La diferencia fundamental no está solo en nuevos artículos o plazos. Está en la concepción de la rendición. Bajo el nuevo estándar, rendir no es simplemente informar gastos. Es acreditar la correcta inversión de fondos públicos mediante un expediente íntegro, fidedigno, oportuno, coherente, acreditado, proporcional y auténtico. Revisar no es solo comprobar documentos. Es verificar cumplimiento financiero y técnico. Transferir no es solo entregar recursos. Es asumir responsabilidad sobre su correcta aplicación, revisión y eventual restitución.
Las organizaciones que comprendan tempranamente este cambio podrán reducir observaciones, mejorar sus convenios, ordenar sus expedientes, controlar sus plazos, fortalecer la trazabilidad, prevenir riesgos y transformar la rendición en un instrumento de gestión pública. Las que no lo hagan corren el riesgo de trasladar viejas debilidades a un entorno digital más exigente.
- Contraloría General de la República. Resolución N° 30 de 2015, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.
- Contraloría General de la República. Resolución N° 2 de 2026, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.
- Contraloría General de la República. Resolución Exenta N° 1.858 de 2023, que establece el uso obligatorio de SISREC para recursos imputados a los subtítulos 24 y 33.
- Contraloría General de la República. Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, SISREC.
- Ministerio de Hacienda. Decreto N° 2.421 de 1964, que fija el texto refundido de la Ley N° 10.336, de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República.
- Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Documento Técnico N° 133: Buenas prácticas de control para la gestión de rendiciones de cuentas.